En el año 1999 la doctora Freda Kim, ex presidenta de la Asociación Internacional de Ludotecas (ITLA), propuso que el 28 de mayo fuera declarado como el Día Internacional del Juego, en conmemoración a la constitución de dicha organización. Esta propuesta fue aceptada en 2001 por la ITLA y, desde entonces, cada 28 de mayo se celebra este día que promueve el Derecho a Jugar.
El Derecho al Juego está contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuyo Artículo N° 31 manifiesta: Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.
El juego es una práctica inherente al ser humano que lo acompaña durante toda su vida pero, fundamentalmente, en la niñez ya que repercute en el desarrollo psicológico, cognitivo y social de las/os niñas/os y las/os jóvenes, así como en la adultez y la vejez. Además, es una de las formas de aprendizaje, de socialización, de transmisión y recreación de la cultura.
Por otro lado, lo lúdico permite que las personas se expresen y adquieran conocimientos y capacidades básicas para las diferentes etapas de la vida y posibilitan el desarrollo de habilidades sociales y de vínculos interpersonales y grupales.
Desde la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba, entendemos que es importante realzar el derecho a jugar, pero sin descuidar que nos instalamos desde un paradigma que entiende que el juego acompaña al ser humano desde el nacimiento y hasta el fin de sus días. En consecuencia, es muy importante tomar conciencia de que es un mito que jóvenes y/o adultas/os no juegan.
El Derecho al Juego debe ser garantizado a las niñas, los niños y las/os jóvenes y para que esto ocurra, es necesaria la generación y aplicación de políticas públicas que contribuyan a eliminar todo tipo de barreras que imposibiliten el cumplimiento de este derecho.
